Abogados y familias piden a la mesa anular juicios a presos políticos
La defensa denuncia que a los presos políticos se les impuso juicios sin defensa, con defensores públicos que no los visitaron, y pide su libertad.
Lo esencial
- Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), citada por el abogado Daniel Badell, preso político es toda persona sometida al sistema penal con fines de retaliación, censura o control.
- Los familiares denuncian que los defensores públicos impuestos no coordinan estrategias y omiten la revisión de pruebas.
- El artículo 49 de la Constitución declara inviolable la asistencia jurídica. El 175 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) ordena anular los actos que la vulneren.
- Los jueces suelen rechazar los recursos de nulidad por preclusión: alegan que el plazo para reclamar venció en las primeras etapas del proceso.
CARACAS, 7 ago.— Abogados y familiares de detenidos pidieron a la mesa de negociación instalada el jueves en Caracas anular los juicios sin defensa y liberar a los presos políticos, un punto que no figura en la agenda oficial del diálogo.
Esa agenda se enfoca en renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE), organizar las próximas elecciones y planificar la reconstrucción del país. La defensa de los detenidos dice que cualquier ciudadano corre el riesgo de terminar preso sin el debido proceso.
Es la misma mesa cuya composición cuestionó dos días antes el diputado Ismael León, cuando pidió a Marco Rubio revisar quiénes la integran por presuntos casos de corrupción.
¿Qué es un preso político según la CIDH?
El abogado Daniel Badell dijo que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un preso político no es solo un disidente de opinión, sino una persona sometida al sistema penal con fines de retaliación, censura o control.
La CIDH describe esa condición a través de acciones concretas: el uso desproporcionado de la prisión preventiva, la imposición de torturas, la falta de atención médica, la incomunicación y el bloqueo al acceso a la protección judicial.
«Cuando fiscales y jueces actúan para intimidar y no para aplicar la ley, el detenido adquiere la condición de preso político», sostuvo Badell.
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¿Por qué piden anular los juicios sin defensa?
La defensa técnica denuncia un patrón en las cortes de Venezuela: durante la investigación, a los acusados se les impide nombrar abogados de confianza y los tribunales imponen defensores públicos.
Familiares dicen que esos funcionarios pueden pasar años sin visitar a los detenidos, no coordinan estrategias y omiten la revisión de pruebas.
El artículo 49 de la Constitución establece que la asistencia jurídica es inviolable y que toda persona tiene derecho al tiempo y los recursos para su defensa. El artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) ordena la nulidad de las acciones penales que vulneren esas garantías.
LA CLAVE
Preclusión: los jueces de control y juicio suelen rechazar los recursos de nulidad alegando que la oportunidad de reclamar caducó en las etapas iniciales, y el proceso continúa pese a las irregularidades denunciadas.
¿Qué dice la Constitución sobre estos procesos?
Para los defensores, validar actuaciones con bloqueo de abogados vulnera la Constitución. Se amparan en el artículo 25 de la Carta Magna, que ordena la nulidad de todo acto que menoscabe las garantías constitucionales.
Por eso sostienen que cualquier persona procesada en esas condiciones debe quedar en libertad inmediata.
¿Qué se discute en La Carlota?
Mientras las delegaciones reunidas en La Carlota discuten la reconstitución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el restablecimiento de derechos ciudadanos, distintos voceros piden que la liberación de civiles y militares entre en los acuerdos de urgencia.
«Quienes hoy están tras las rejas sin poder elegir a sus abogados son, bajo los estándares internacionales, presos políticos», concluyó Badell. «Por eso, su liberación no es un favor ni una concesión; es un paso necesario para recuperar el respeto a la ley».
Fuentes de esta nota
- Gran Caracas News
Grupo multidisciplinario de profesionales venezolanos que cubre la Gran Caracas y el resto del país. Las notas se publican bajo la firma del medio, que asume la responsabilidad editorial de todo lo que aparece aquí.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un preso político según la CIDH?
Una persona sometida al sistema penal con fines de retaliación, censura o control, y no solo un disidente de opinión, según la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que citó el abogado Daniel Badell. La CIDH describe esa condición por el uso desproporcionado de la prisión preventiva, las torturas, la falta de atención médica, la incomunicación y el bloqueo al acceso a la protección judicial.
¿Qué artículos de la ley permiten anular un juicio sin defensa en Venezuela?
El artículo 49 de la Constitución establece que la asistencia jurídica es inviolable y que toda persona tiene derecho al tiempo y los recursos para su defensa. El artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) ordena la nulidad de las acciones penales que vulneren esas garantías, y el artículo 25 de la Constitución, la de todo acto que menoscabe las garantías constitucionales.
¿Por qué los tribunales rechazan las nulidades por falta de defensa?
Por la preclusión: los jueces de control y juicio suelen rechazar los recursos de nulidad con el argumento de que la oportunidad de reclamar caducó en las etapas iniciales, y el proceso continúa pese a las irregularidades denunciadas por la defensa de los detenidos.
